La UE aprueba aliviar las cargas burocráticas del campo para aliviar el malestar del sector | Economía

Con el ruido de fondo de una nueva protesta del campo ante las instituciones europeas en Bruselas, los ministros de Agricultura de la UE han avalado este martes las nuevas propuestas de la Comisión Europea para aliviar más aún la carga burocrática del sector y relajar las condiciones medioambientales para acceder a las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC), de cuyas sanciones y controles quedarán además eximidos los pequeños agricultores.

La decisión de respaldar las propuestas lanzadas el 15 de marzo por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, fue tomada a primera hora por el Comité Especial de Agricultura, el organismo que prepara las reuniones de los ministros del ramo y en el que están representados todos los Estados miembros. Según adelantó el ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en dicha reunión ya quedó claro que se alcanzaría la mayoría cualificada necesaria entre los países para que se den por buenas las propuestas, que ahora tendrá que revisar también el Parlamento Europeo, en un procedimiento de urgencia.

La UE espera que las nuevas normas puedan entrar en vigor “a finales de la primavera”, aunque podrán ser aplicadas con efecto retroactivo al 1 de enero de este año. Una muestra, ha subrayado el Consejo de la UE en un comunicado, del “compromiso de las tres instituciones —Consejo, Eurocámara y Comisión— de responder rápidamente a la situación actual de los agricultores europeos”.

Las protestas que llevan meses agitando el campo han causado una grave preocupación en todas las capitales europeas y en la propia Bruselas, sobre todo por el miedo a que la cólera del campo sea capitalizada por la extrema derecha en las elecciones europeas de junio. La presión del sector ha obligado a la Comisión, a instancias de los Estados, a actuar rápido y presentar una serie de flexibilizaciones, sobre todo en materia medioambiental, de la PAC muy cuestionadas por los defensores del medio ambiente debido a su aprobación sin haberse realizado antes estudios de impacto. También Alemania ha manifestado reparos: “Cuando hablamos de acabar con la burocracia, no puede significar acabar con las regulaciones medioambientales, sino de que, allí donde haya burocracia que conduce a una carga innecesaria, se reduzca”, puntualizaba su ministro de Agricultura, Cem Özdemir.

Bruselas, no obstante, sostiene que son derogaciones “temporales” y “concretas” y que están “lo suficientemente calibradas, detalladas y limitadas en el tiempo para mantener un alto nivel de ambición medioambiental y climática en la PAC”.

“Se trata de dar una respuesta concreta a los agricultores”, resumió el ministro de Agricultura belga, David Clarinval, cuyo país ejerce este semestre la presidencia rotatoria de la UE y que también está preocupado por el impacto de las protestas del campo no solo en las elecciones europeas, sino también en las nacionales belgas que se celebrarán al mismo tiempo. Unos 300 tractores volvieron a bloquear algunas de las entradas al denominado barrio europeo de Bruselas, donde tienen sede las principales instituciones de la UE. Aunque la policía volvió a usar camiones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a algunos de los manifestantes, el nivel de la protesta fue mucho menor, tanto en asistencia como en impacto, que la última concentración, en febrero, también durante otro Consejo de Ministros. Aun así, ha asegurado Clarinval, “no los olvidamos”. Según ha celebrado, las revisiones propuestas de la PAC aportarán “más flexibilidad, respuestas que les permitirán aumentar sus ingresos” a los agricultores.

La nueva propuesta busca beneficiar sobre todo a los pequeños agricultores: las explotaciones de menos de diez hectáreas quedarán eximidas de los controles y sanciones ligados a los requisitos de condicionalidad medioambiental, lo que simplificará tanto su trabajo como el de las administraciones encargadas de la vigilancia, sostiene Bruselas. Esta medida, subraya la Comisión, se aplicará al 65% de los beneficiarios de la Política Agraria Común (PAC), pero no afectará “significativamente” a las ambiciones medioambientales puesto que los beneficiados solo cultivan alrededor del 10% de las áreas agrícolas totales, argumenta. En España, ha explicado Planas, la propuesta beneficiará a 345.000 declarantes, más del 50% del total.

En su último paquete para aplacar las protestas, la Comisión ha propuesto además dar más flexibilidad a los Estados a la hora de exigir determinadas condiciones medioambientales a los agricultores. Se trata de las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM), los diez requisitos impuestos desde Bruselas, incluidos dentro de la PAC, creados con el objetivo de que las prácticas agrarias no perjudiquen al clima, medio ambiente y bienestar animal.

Entre otros, se plantea suprimir completamente la obligación de dejar al menos el 4% de las tierras cultivables en barbecho o en superficies no productivas y dejar que la obligación de rotación de cultivos pueda ser sustituida por una “diversificación” de los mismos. Además, se permitirán exenciones específicas a la prohibición de convertir o arar los pastos permanentes medioambientalmente sensibles en los espacios Natura 2000 (la red de espacios protegidos para la conservación de la biodiversidad dentro de la UE) en caso de que sufran daños por depredadores o especies invasoras.

Planas ha celebrado que la propuesta de la Comisión recoja “enteramente” todas las peticiones sobre flexibilizaciones presentadas por España, aunque ha insistido en que hay que “continuar avanzando” y afrontar también otras cuestiones, como las prácticas comerciales “desleales”.

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