Los Veintisiete aprueban una versión rebajada de la ley que exigirá a grandes empresas un mayor respeto de derechos humanos y medioambientales | Economía

Parece que solo los Estados van a cantar victoria esta vez. Tras duras negociaciones de última hora —sobre un texto que ya estaba acordado— los Veintisiete han dado su visto bueno este viernes a la ley europea que busca obligar a las grandes empresas a velar mejor por el respeto de los derechos humanos y el medio ambiente a lo largo de sus cadenas de suministro. Pero la normativa, que ya era criticada como insuficiente para proteger sobre todo a menores de explotación infantil, ha salido más rebajada aún para conseguir los votos suficientes que le permitirán ser ratificada antes de que acabe la actual legislatura europea.

Una de las mayores críticas sobre el texto ahora negociado de la Directiva de Diligencia Debida sobre Sostenibilidad Corporativa (CSDDD, por sus siglas en inglés) es que afectará a un número de empresas muchísimo menor de lo inicialmente previsto y, también, de lo que se acordó con la Eurocámara en diciembre pasado: según fuentes diplomáticas, el nuevo texto, propuesto por la presidencia de turno belga del Consejo de la UE, se aplicará ahora solo a empresas europeas con más de mil empleados y un volumen de negocios de 450 millones de euros, cuando originalmente se iba a aplicar a compañías que tuvieran más de 500 empleados y un volumen de negocios de 150 millones. Se elimina además la mención a que se aplicará la ley a empresas más pequeñas que operan en sectores especialmente sensibles a violaciones medioambientales o en materia de explotación infantil como son el textil, la minería, agricultura (incluida la pesca y la explotación forestal) o la construcción, un extremo que había sido especialmente celebrado por organizaciones defensoras de los derechos humanos. Algo que se intenta paliar con la creación de una cláusula de revisión, acotan las fuentes.

Según cálculos de WWF y de la Coalición Europea por Justicia Corporativa, los nuevos límites excluyen hasta el 70% de las más de 16.000 empresas a las que iba originalmente destinada la medida, que también ha quedado rebajada en otras obligaciones medioambientales.

Además, la directiva, que estuvo bloqueada varias semanas por reticencias de Alemania, a las que se unieron Francia, Italia y otros países, será aplicada en una primera fase a solo aquellas empresas de más de 5.000 empleados, retrasando más aún así su impacto.

Los “regateos” de estos países costarán un “alto precio”, lamenta la asociación legal Client Earth: “El lobby corporativo y los juegos políticos han asesinado esta oportunidad para revolucionar la forma de hacer negocios en la UE y más allá al excluir a la mayor parte de las empresas de su ámbito”, advierte.

Pese a su fuerte rebaja, la ponente de la Eurocámara, Lara Wolters, ha saludado el visto bueno del Consejo para un proyecto “demasiado importante como para que fracasara”. Según la socialdemócrata holandesa, a pesar de todo, la normativa “tendrá un gran impacto en todo el mundo al impedir que las empresas miren hacia otro lado ante una miseria y destrucción muy reales”.

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