Yolanda Díaz pide a Bolaños que no interfiera en la decisión europea sobre la indemnización por despido | Economía

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha enviado este martes una carta a su compañero de gabinete y responsable de Justicia, Félix Bolaños. En ella le pide que no interfiera en la decisión europea sobre la indemnización por despido, según ha podido saber EL PAÍS. Le solicita que retire la petición de recusación de una experta española del comité que decidirá en Estrasburgo si la normativa nacional del despido respeta la Carta Social Europea. El representante de España ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), que depende de Justicia, ha pedido a la presidenta de este organismo que recuse a la citada experta, Carmen Salcedo. Lo hace porque en julio de 2022, cuatro meses antes de ser nombrada tras la recomendación del propio Ejecutivo español, Salcedo escribió un artículo en el que sostenía que la normativa actual no se adecúa a la Carta, justo el asunto que dirimirá el Comité a petición de UGT. Estas son las “interferencias manifiestas” de las que el sindicato viene acusando al Gobierno en las últimas semanas y que el Ministerio de Justicia negó en el Congreso.

Díaz envía esta misiva tras la información publicada por este periódico este lunes, en la que se describían estos movimientos del Ejecutivo. En la carta Díaz expresa preocupación y sorpresa por este intento de recusación y reivindica la trayectoria de Salcedo. Además, considera que se daría un grave precedente que puede señalar a otros expertos en el futuro. EL PAÍS ha pedido a Justicia algún comentario al respecto, pero no lo ha aportado.

PSOE y Sumar se comprometieron en su programa de Gobierno a que la normativa del despido dé cumplimiento a la Carta Social Europea. Si el Comité interpreta que la normativa española responde a este texto, que España refrendó en su conjunto en 2021, los socialistas (los menos entusiastas ante la posibilidad de tocar este tema) tendrían un argumento para dejarla como está. Si da la razón a UGT, y después a CC OO en otra reclamación parecida, Sumar tendría todo de cara para reclamar un cambio. La tesis de los sindicatos, y de la formación que lidera Yolanda Díaz, es que las indemnizaciones por despido improcedente no siempre resarcen el daño causado al trabajador, sobre todo cuando la relación laboral ha sido corta. La Carta establece “el derecho de los trabajadores despedidos sin razón válida a una indemnización adecuada o a otra reparación apropiada”. Y el máximo de 33 días por año trabajado del sistema tasado español, interpretan algunos laboralistas, no siempre es “adecuado” o “reparador”.

El representante de España pidió la recusación de Salcedo respecto al despido en una carta fechada el 16 de noviembre. “Por lo que hemos podido saber el Comité tenía previsto reunirse poco después para debatir y emitir una resolución que se presumía muy favorable para UGT”, explicaba este lunes el vicesecretario general de Política Sindical de la organización, Fernando Luján. El sindicalista aseguraba que, por la información que ha recabado, la petición de recusación de Salcedo evitó que el tema se abordase en esas fechas.

Un portavoz del Consejo de Europa, del que depende el Comité, no contesta a este periódico sobre la coincidencia de estos sucesos, ni precisa si en los últimos días de noviembre o primeros de diciembre estaba previsto abordar esta cuestión. “Habitualmente, la demora para una resolución sobre el fondo de una reclamación es de hasta cuatro años. Durante el procedimiento suele haber varias deliberaciones. Por ello, es difícil prever cuando se resolverá esa reclamación colectiva en particular”, precisa el mismo portavoz.

Asimismo, rechaza detallar en qué punto se encuentra la recusación de Salcedo: “Este procedimiento interno es confidencial”. Según ha podido saber este periódico, el presidente del Comité aún no ha comunicado si aparta o no a Salcedo en este asunto. El portavoz del Consejo también destaca que las recusaciones son “cosa habitual en procedimientos jurisdiccionales, o casi-jurisdiccionales como en el caso del CEDS”. No lo creen así otras fuentes consultadas conocedoras del proceso, que catalogan este intento de la representación española como “algo nunca visto”.

Este periódico ha intentando ponerse en contacto con Salcedo para conocer su opinión al respecto, pero prefiere no comentar por el deber de confidencialidad que le impone ser miembro del Comité.

Por qué se pide la recusación

El artículo por el que el representante español señala a Salcedo se titula La Carta Social Europea y el procedimiento de reclamaciones colectivas. Un nuevo y excepcional escenario en el marco legislativo laboral, y fue publicado en julio del año pasado en la revista Trabajo y derecho. En él, la profesora del departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universitat de València diserta sobre la normativa española de despido y las sentencias judiciales que vienen apuntando en una dirección parecida a la que señala la Carta. “Los pronunciamientos reconocen que una misma conducta extintiva empresarial puede provocar daños diferentes en los trabajadores según sus circunstancias. Si estos se cuantifican en la demanda y acreditan en el juicio, todos los daños y perjuicios (daño emergente, lucro cesante, daño moral…) que el acto ilícito ha causado deben ser resarcidos”, indica.

La principal frase que España utiliza para señalar a Salcedo es la siguiente: “Cuando se pronuncie el CEDS, se añadirá un fundamento más, de hacerlo en coherencia con los previos. Es decir, la normativa reguladora de las indemnizaciones por despido improcedente no es conforme a la Carta Social Europea Revisada según jurisprudencia consolidada del CEDS”.

El escrito de recusación lleva la firma de Alfonso Brezmes, en el cargo desde 2018 y nombrado por el Gobierno del popular Mariano Rajoy. Los sucesivos gobiernos que han pasado desde entonces le han mantenido en el cargo. “Salcedo ofrece un número de razonamientos y juicios de valor que representan una clara posición de la autora a favor de estas teorías defendidas por los sindicatos UGT y CC OO”, indica en la carta dirigida a la presidenta del CEDS, Aoife Nolan, a la que pide que Salcedo no tome en parte en las sesiones en las que se diriman las reclamaciones de los sindicatos españoles.

Salcedo no representa a España en el Comité, compuesto de 15 miembros de reconocido prestigio de diferentes países. Los sindicatos siempre se han mostrado esperanzados ante la resolución de este órgano porque ya ha fallado a favor de los representantes de los trabajadores en otros casos parecidos, dos veces respecto a Francia, otro por la normativa italiana y otro por la finlandesa.

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